El brote de ébola en el este del Congo es el de propagación más rápida del que se tenga registro y golpea a las mujeres con una crueldad particular: casi todos los embarazos alcanzados por el virus terminan en la muerte del feto. Las herramientas para prevenir esos embarazos existen y son baratas. Una pequeña parte de ellas ya está comprada y pagada, guardada en un almacén en Bélgica. Estados Unidos gasta cerca de mil millones de dólares para combatir el brote. No está enviando los anticonceptivos.
Esa es la queja que dos senadores estadounidenses plantean en una carta enviada esta semana al secretario de Estado Marco Rubio. Jeanne Shaheen, la demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y Lisa Murkowski, republicana de Alaska, piden al Departamento de Estado tres cosas: liberar los 608 millones de dólares que el Congreso asignó a la planificación familiar internacional en el año presupuestario en curso; distribuir los suministros de planificación familiar por valor de 1,7 millones de dólares ya comprados y almacenados en Geel, Bélgica, que de lo contrario serán destruidos; y conceder una exención humanitaria para que el Fondo de Población de las Naciones Unidas pueda ejecutar sus programas de salud reproductiva en las zonas afectadas.
Las cifras de la carta son contundentes. El ébola durante el embarazo conlleva una tasa de pérdida fetal de casi el 100 por ciento y un riesgo catastrófico de muerte materna por hemorragias. En la región afectada, se calcula que 642.000 mujeres están en edad reproductiva y que unas 37.820 están embarazadas. Durante el brote de ébola de 2014-2016 en África Occidental, la mortalidad materna aumentó aproximadamente un 75 por ciento, en parte porque las embarazadas dejaron de acudir a los centros de salud por miedo a contagiarse allí. Ese patrón se repite y el conflicto en Ituri y Kivu del Norte lo agrava: el desplazamiento, la violencia por razón de género y el sexo de supervivencia están propagando el virus entre una población que ya está en movimiento.
El brote está superando todos los precedentes. Causado por la cepa Bundibugyo del virus del ébola, ha infectado a más de 3.300 personas y ha matado a más de 1.400 en la RDC, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Superó los 1.000 casos confirmados a los 40 días de activarse la respuesta; el brote de 2018 en Kivu del Norte tardó unos 235 días en alcanzar esa cifra. Es ahora el tercer brote de ébola más grande jamás registrado. Uganda, que absorbió casos procedentes del Congo, se declaró libre de la enfermedad el 28 de julio. A la RDC todavía le queda un largo camino.
El argumento de los senadores es que la planificación familiar no es un asunto secundario de la respuesta al ébola; es la respuesta misma para las mujeres de las zonas afectadas. Los preservativos bloquean la transmisión. Los anticonceptivos previenen los embarazos que terminan en muerte fetal o muerte materna. La atención posterior a una violación aborda la violencia sexual, uno de los motores del brote. Los medicamentos contra la hemorragia tratan el sangrado que mata a las madres. El UNFPA ya trabaja en 29 zonas de salud de la RDC y de Uganda, de modo que el dinero podría movilizarse de inmediato, sin gastar tiempo en construir sistemas nuevos.
La Casa Blanca no ha respondido públicamente a la carta. La solicitud se inscribe en un patrón conocido: dinero asignado por el Congreso, una respuesta que ya cuesta cerca de mil millones de dólares y un vacío donde la política de la administración se encuentra con las necesidades del brote. Los senadores escribieron que la inversión en planificación familiar voluntaria es fiscalmente racional además de moralmente urgente.
El brote terminará tarde o temprano. La pregunta es cuántas de las 37.820 mujeres embarazadas seguirán en pie cuando eso ocurra. Los suministros están en Bélgica. El dinero está en el presupuesto. Lo que falta es la orden de moverlos.
Traducido por Alessandra