Amnistía Internacional Sudáfrica exige que las autoridades pongan freno a los grupos de vigilantes que hostigan a migrantes, comerciantes y vecindarios. Según la organización, el abuso se basa en la nacionalidad o en si alguien aparenta estar indocumentado: exigencias ilegales de documentos de identidad, intimidación, desalojos forzosos de hogares y negocios y humillación pública.
El comunicado, publicado el 4 de agosto, documenta un patrón más grave: agentes que marchan junto a los manifestantes han visto cómo presuntos migrantes indocumentados son arrastrados fuera de sus casas mientras sus pertenencias son destrozadas o saqueadas. La barrera de la vergüenza también se está erosionando; los vídeos que circulan en línea muestran conductas que antes se consideraban inaceptables y que ahora se aceptan, a veces incluso se aplauden.
La dignidad no tiene nacionalidad
La falta de una actuación decidida del Estado contra estos grupos ha creado la peligrosa impresión de que las personas tienen derecho a vulnerar los derechos de los demás simplemente por su nacionalidad o su presunta situación migratoria, señaló Shenilla Mohamed, directora ejecutiva de la organización. Mohamed reconoció que el gobierno se ha pronunciado contra los controles ilegales de identidad y el comportamiento de los vigilantes, pero afirmó que las prácticas continúan: las autoridades deben ir más allá de las declaraciones de preocupación y demostrar, mediante investigaciones eficaces, enjuiciamientos y medidas de rendición de cuentas, que ninguna persona ni grupo está por encima de la ley. Su conclusión fue que la dignidad humana no tiene nacionalidad y que el país no puede permitir que continúe la vulneración desenfrenada de los derechos.
La ley es clara; la aplicación no lo es
La posición jurídica es inequívoca. La Ley de Inmigración prohíbe a los particulares y a los grupos hacer cumplir las normas migratorias, revisar documentos, entrar en propiedades o expulsar a las personas de sus hogares y negocios. Las únicas personas facultadas para hacerlo son los agentes de inmigración y la policía. Cuando los actores privados lo hacen de todos modos, sostiene Amnistía, el Estado termina prestando su autoridad visible a un sistema paralelo de aplicación de la ley, y así es como el abuso se vuelve normal.
Las exigencias de la organización se derivan de la ley: investigar las denuncias de fallos o complicidad policial, abrir causas disciplinarias y penales donde aparezcan indicios de irregularidades y sustituir las declaraciones por enjuiciamientos. Insiste en que incluso las personas que resulten indocumentadas conservan sus garantías constitucionales e internacionales, entre ellas el debido proceso, la dignidad y la protección frente a la violencia, y en que su situación se resuelva mediante un procedimiento legal, no por turbas.
La advertencia llega en un momento volátil. Las protestas contra los migrantes desembocaron en un ultimátum ilegal del movimiento Marcha y Marcha el 30 de junio, que ordenaba a los extranjeros indocumentados abandonar el país; el plazo venció y las marchas no se detuvieron. La prensa local ha seguido al movimiento desde dentro: un reportaje de Daily Maverick sobre un día dentro de una marcha contra los extranjeros incluía la advertencia de que los manifestantes podrían romperte el parabrisas, y el 12 de julio el gobierno pidió a los manifestantes que detuvieran las redadas, según informó News24. A finales de junio, migrantes malauíes fueron fotografiados mientras esperaban ser procesados para su deportación en Durban. El 31 de julio, Pretoria impulsó conversaciones migratorias regionales tras nuevos episodios de violencia xenófoba. Los pogromos de 2008 mataron a 62 personas, y Amnistía y sus aliados llevan años advirtiendo de que la retórica incendiaria, la organización contra los migrantes y un Estado pasivo invitan a que se repita.
El enfoque es deliberadamente amplio, porque los derechos en juego no son solo los de los migrantes. Los comerciantes, señala Amnistía, pueden dirigir sus negocios sin ser acosados ni obligados a cerrar. Toda persona en el país, ciudadana o extranjera, con papeles o sin ellos, tiene derechos a la dignidad, la libertad y la seguridad. Incluso alguien cuya situación sea irregular es titular de derechos mientras se determina esa situación.
La propia Constitución, recordó Mohamed, se asienta sobre la dignidad, la igualdad y el Estado de derecho. Estos principios deben protegerse para todos. La pregunta es si el Estado los hará cumplir frente a quienes los imponen en sus calles.
Traducido por Alessandra