El nuevo presidente de Colombia tiene 48 años, es abogado de profesión, un novato político por experiencia y se hace llamar El Tigre. Abelardo de la Espriella prestó juramento el viernes en Cali, en el volátil suroeste del país, bajo fuertes medidas de seguridad, y pronunció su primer discurso ante un público de soldados. Su mensaje, repetido en los días posteriores, es una promesa de fuerza: bombardear los campamentos de los narcoterroristas, destruir las plantas de coca y eliminar a cualquier bandido que se niegue a rendirse. Ha advertido de que quienes no se sometan serán eliminados y de que nadie podrá decir que no fue advertido.
El camino de El Tigre hacia la presidencia pasa por los tribunales, no por la campaña electoral. Espriella construyó una fortuna como abogado defensor cuyos clientes incluían a paramilitares narcotraficantes, futbolistas y estafadores. Entró tarde a la política, hizo campaña con una plataforma de orden y seguridad, y ganó en junio con el respaldo de Donald Trump, quien pronosticó una relación mucho mejor con Colombia bajo su nuevo líder. Tiene doble nacionalidad estadounidense, un detalle que llama la atención en un país con una larga memoria de la intervención de Estados Unidos, y ha convertido el saludo militar en su gesto característico.
Su programa parece una lista de todo lo que su predecesor, Gustavo Petro, no hizo. Donde Petro abrió diálogos de paz con los grupos armados, Espriella descarta la negociación y promete mano dura. Donde Petro chocó con Washington y criticó a Israel, Espriella busca una alianza estratégica con ambos. Ha prometido diez megacárceles, una agenda económica ultraliberal con profundos recortes presupuestarios y un regreso a los valores sociales conservadores centrados en la familia y el catolicismo. El país que hereda es el principal productor de cocaína del mundo, con más de 330.000 hectáreas dedicadas al cultivo de coca, y ha dicho que la erradicación comenzará por las propias plantas, la fuente de la violencia que prometió terminar.
La ceremonia en sí rompió todos los precedentes. El juramento no lo administraron los funcionarios habituales en Bogotá, sino el presidente del Senado, en el teatro de una universidad privada de Cali, después de que el Congreso votara trasladar la investidura al oeste. El vicepresidente que asumió a su lado, José Manuel Restrepo, aportó su propio peso a la fórmula. El escenario fue elegido deliberadamente: Cali queda cerca de los territorios donde operan los grupos armados que juró aplastar, y la ceremonia envió el mensaje de que el nuevo gobierno irá a la pelea en lugar de esperar a que esta llegue a la capital.
La cobertura francesa de su llegada y los reportajes en inglés que le siguieron coinciden en lo esencial, pero difieren en la interpretación. Unos ven a un hombre fuerte con un plan; otros ven a un novato de mal genio, protegido detrás de un vidrio blindado, cuyo estilo confrontacional podría profundizar las divisiones de un país ya polarizado. Los invitados a su investidura contaron su propia historia: el presidente de Argentina, líderes conservadores de toda la región y el máximo dirigente del fútbol mundial estuvieron en Cali, una reunión que parecía menos una ceremonia nacional que un encuentro de la derecha del hemisferio.
La verdadera prueba no es la retórica, sino la guerra que ha prometido. Los grupos armados de Colombia han sobrevivido medio siglo de campañas en su contra, han resistido a gobiernos de todo signo y conocen el terreno mucho mejor que cualquier abogado recién juramentado. Estados Unidos ha comprometido mil millones de dólares en apoyo, y Washington ha descrito la nueva era en las relaciones en términos que coinciden con los del propio Espriella. Si la guerra de El Tigre quiebra la economía de las drogas o simplemente la alimenta, si la promesa de fuerza termina con la violencia o la aumenta, es la pregunta que responderá su presidencia. El discurso terminó. El bombardeo de los campos de coca, si llega, aún no ha comenzado.
Traducido por Alessandra