WASHINGTON. La Corte Suprema apenas había publicado su fallo 6-3 en el caso Trump v. Barbara cuando comenzó el viraje. A las pocas horas de perder el caso de la ciudadanía por derecho de nacimiento, los ayudantes del presidente Trump y los aliados MAGA ya estaban esbozando una nueva estrategia. El viejo plan era negar la ciudadanía a los hijos nacidos en suelo estadounidense. El nuevo plan es más simple: impedir que esos niños nazcan aquí en absoluto.
La administración está explorando formas de impedir que mujeres extranjeras embarazadas entren a Estados Unidos, abriendo una nueva batalla legal y ética sobre el embarazo, los viajes y el significado de la ciudadanía estadounidense. El cambio de táctica es tan significativo como revelador. Tras fracasar en reescribir la Decimocuarta Enmienda mediante orden ejecutiva, la Casa Blanca ahora pretende controlar quién puede cruzar la frontera en función de lo que hay dentro de sus cuerpos.
Las propuestas en discusión van desde el enjuiciamiento de organizaciones e individuos involucrados en lo que los funcionarios llaman “esquemas de turismo de parto” hasta el burdo instrumento de prohibir por completo la entrada a mujeres embarazadas. El Departamento de Justicia ya ha instado a los fiscales federales a investigar las operaciones de turismo de parto, señalando que una acción de cumplimiento podría ser inminente. Algunos ayudantes han planteado cargos penales de fraude contra mujeres que viajan a Estados Unidos embarazadas con la intención de asegurar la ciudadanía para sus recién nacidos.
El turismo de parto no es un fenómeno nuevo. Empresas que ofrecen paquetes que combinan viajes, alojamiento en hoteles y atención médica cobran hasta 80,000 dólares por cliente, prometiendo un camino hacia la ciudadanía estadounidense para los hijos de extranjeros adinerados. Muchas de las mujeres que utilizan estos servicios provienen de Rusia y China. El Departamento de Estado ha sostenido durante mucho tiempo que el turismo de parto “no es una actividad legítima de placer o de naturaleza recreativa”, una posición que precede a la administración actual.
Sin embargo, la escala de la práctica es notablemente pequeña. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que entre 9,500 y 37,000 bebés al año nacen en Estados Unidos mediante el turismo de parto. Esa cifra representa menos del 1 por ciento de todos los nacimientos en el país. Por cualquier medida honesta, el turismo de parto es un fenómeno marginal más que una crisis nacional. Pero en la política de inmigración, los márgenes pueden hacerse rugir.
Los críticos del nuevo enfoque advierten que pondría en riesgo a las mujeres embarazadas y crearía dilemas imposibles para los funcionarios fronterizos. Los funcionarios consulares que realizan entrevistas de visa no tienen el derecho legal de preguntar a una mujer si está embarazada o tiene intención de estarlo. Una prohibición total de entrada para viajeras embarazadas requeriría ya sea un cambio en la ley o un sistema de examen médico en los puertos de entrada que plantearía serias cuestiones constitucionales.
La decisión de la Corte Suprema del 30 de junio fue una derrota decisiva para la administración. En Trump v. Barbara, seis jueces sostuvieron que la orden ejecutiva del presidente que negaba la ciudadanía a los hijos nacidos de padres no ciudadanos violaba la Decimocuarta Enmienda. El fallo afirmó un principio legal que ha prevalecido desde Estados Unidos v. Wong Kim Ark en 1898: que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadano estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
Incapaz de revertir ese precedente mediante decreto ejecutivo, la administración ahora busca una puerta trasera. Si la Constitución garantiza la ciudadanía a todo niño nacido en Estados Unidos, el razonamiento es el siguiente, la única opción que queda es impedir que ciertos niños nazcan en territorio estadounidense en primer lugar. Es una estrategia que trata el embarazo como motivo de exclusión y representa una escalada significativa en la larga guerra sobre quién tiene derecho a pertenecer a la nación.
El terreno legal aquí es incierto. La ley de inmigración otorga al poder ejecutivo una amplia autoridad para determinar la admisibilidad, pero usar esa autoridad para atacar explícitamente a mujeres embarazadas invitaría a impugnaciones basadas en principios de igualdad de protección y protecciones de privacidad médica. Los grupos de libertades civiles ya han señalado que cualquier política de este tipo enfrentaría litigios inmediatos.
Por ahora, la administración avanza con cautela, probando los vientos políticos antes de comprometerse con un curso de acción específico. Pero la dirección del viaje es clara. La derrota en la Corte Suprema no ha terminado la lucha por la ciudadanía por derecho de nacimiento. Simplemente la ha reubicado de la cuestión de qué sucede después del nacimiento a la cuestión de quién tiene permitido llegar.
Traducido por Alessandra