Dos virólogos prominentes del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas enfrentan cargos federales de contrabando por ingresar a Estados Unidos muestras inactivadas del virus de la viruela símica sin las declaraciones correspondientes, un caso que se ha convertido en un foco de tensión política sobre la seguridad en laboratorios y la bioseguridad.
El Dr. Vincent Munster, jefe de ecología viral en los Laboratorios Rocky Mountain del NIAID, y el Dr. Claude Kwe, también del NIAID, fueron acusados en un tribunal federal del Distrito Este de Míchigan tras regresar de trabajo de campo en la República Democrática del Congo en enero de 2026. Ambos se declararon no culpables.
Los cargos: contrabando, declaraciones falsas y omisión de declarar materiales biológicos. El caso ha atraído la atención mucho más allá de la comunidad científica, con los senadores republicanos Tom Cotton de Arkansas y Rand Paul de Kentucky aprovechando el incidente como evidencia de una supervisión inadecuada de la bioseguridad.
Las muestras en cuestión
La denuncia del FBI indica que el equipaje que Munster y Kwe transportaron a través del Aeropuerto Metropolitano de Detroit contenía ADN de MPXV, el virus de la viruela símica, pero que las pruebas confirmaron que las muestras no eran infecciosas.
La viróloga Angela Rasmussen de la Universidad de Saskatchewan describió sin rodeos el perfil de seguridad en su blog: “Podrías beberlas y no infectarte”.
Los potentes protocolos de inactivación química, diseñados en parte por el propio Munster (Fischer et al., 2022), vuelven el virus confiablemente inerte. Nadie discute que las muestras no representaban ningún riesgo infeccioso.
Pero la seguridad y la legalidad son cuestiones diferentes. Las muestras virales inactivadas no requieren un permiso de importación según las regulaciones estadounidenses, pero deben declararse ante los funcionarios de aduanas y estar acompañadas de una certificación de desactivación. Según el FBI, Munster y Kwe no hicieron ninguna de las dos cosas.
“Munster y Kwe no presentaron las verdaderas identidades de los materiales biológicos en su posesión y no proporcionaron ni poseían las certificaciones necesarias”, señala la denuncia. Más bien, supuestamente “intentaron hacer pasar las muestras como diagnósticos no utilizados”.
Realidades de campo vs. regulaciones fronterizas
El caso resalta una tensión familiar para los virólogos de campo. Los investigadores que trabajan en zonas de brotes a menudo enfrentan desafíos logísticos que hacen impráctico el transporte formal de muestras, incluyendo infraestructura limitada, servicios de mensajería poco confiables y la urgencia de llevar las muestras a laboratorios bien equipados para su análisis.
Jean-Paul Gonzalez, virólogo y especialista en bioseguridad de Georgetown, señaló que transportar muestras a mano en vuelos comerciales era antes una práctica común. “Hacíamos eso hace 20 años. Ya no lo hacemos más”, dijo.
Pero los antecedentes de Munster complican el panorama. Es un investigador muy respetado con décadas de experiencia rastreando el Ébola y cepas emergentes de viruela símica. Él y su cónyuge, Emmie de Wit, también viróloga de Rocky Mountain Lab, ganaron el Premio Golden Goose 2020 por la investigación sobre coronavirus de camellos que condujo directamente a tratamientos antivirales para la COVID-19. También coescribió el artículo de 2022 que describe los mismos protocolos de inactivación utilizados en las muestras del Congo.
Melanie Ott de los Gladstone Institutes, una viróloga no involucrada en el caso, ofreció una evaluación mesurada: “Las regulaciones deben cumplirse. La comunidad virológica no tolera los atajos”.
Dimensiones políticas
El caso legal ha sido amplificado por actores políticos. El senador Cotton presentó la “Ley de Disuasión del Contrabando Biológico”, que impondría sentencias severas por el contrabando de agentes biológicos. “Contrabandear virus peligrosos a nuestro país amenaza la salud y seguridad de todos los estadounidenses”, dijo en un comunicado.
El senador Paul fue más allá, publicando decenas de páginas de correos electrónicos internos del NIH el 5 de junio que, según afirmó, mostraban un patrón de violaciones regulatorias por parte de Munster. Los correos incluyen un intercambio de 2011 en el que otro investigador sugirió que Munster podría “llevar a mano” muestras virales en un vuelo comercial, aunque no demuestran que realmente lo hiciera.
Benton Martin, el defensor público federal que representa a Kwe, dijo que su cliente goza de presunción de inocencia. El abogado de Munster no respondió a las solicitudes de comentarios. La audiencia judicial inicial de Munster está programada para el 22 de julio.
Ni los Laboratorios Rocky Mountain ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos han comentado sobre el caso, citando los procedimientos legales en curso.
Implicaciones más amplias
Los cargos llegan en un momento sensible. Un creciente brote de viruela símica llevó a la Organización Mundial de la Salud a declarar una emergencia de salud global a principios de este año. La capacidad de mover muestras rápidamente entre sitios de campo y laboratorios de referencia es esencial para rastrear la evolución viral y probar contramedidas.
Si el caso resulta en condenas, podría enfriar la disposición de los investigadores a transportar muestras a través de fronteras, incluso inactivadas, en un momento en que ese trabajo es más necesario. Pero la respuesta de la comunidad científica ha sido notablemente mesurada. Si bien muchos virólogos reconocen los obstáculos procesales que enfrentaron Munster y Kwe, pocos han defendido su presunto incumplimiento de las regulaciones de importación.
El caso representa una colisión entre las necesidades prácticas de la ciencia de brotes y la arquitectura legal de la bioseguridad, una colisión que, en un entorno político cada vez más polarizado, no muestra señales de resolverse en silencio.
Traducido por Alessandra
Reference: Garisto, D. (2026). “Smuggling charges against NIH virologists trigger political uproar.” Nature News. DOI: 10.1038/d41586-026-01995-7