La República Democrática del Congo ha presentado una demanda contra Ruanda ante la Corte Internacional de Justicia, acusando a su vecino de tres décadas de abusos en el este del país. Es la tercera vez que Kinshasa lo intenta. El primer caso fue retirado en 2001. El segundo fue desestimado en 2006 porque la Corte determinó que carecía de jurisdicción. La pregunta ahora es si el tercer intento será diferente, y si la CIJ puede hacer algo que décadas de diplomacia, intervención militar y acuerdos de paz no han logrado.
La demanda fue presentada el 26 de junio. La solicitud del Congo sostiene que Ruanda ha violado múltiples tratados internacionales, incluida la Convención sobre el Genocidio, la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial y la Convención contra la Tortura. Específicamente, la demanda alega que Ruanda desplegó sus propias tropas en suelo congoleño y brindó apoyo a grupos armados que realizan operaciones militares en las provincias orientales del país.
Las acusaciones abarcan todo el arco de un conflicto que comenzó después del genocidio ruandés de 1994. Tras el genocidio, en el que murieron aproximadamente 800.000 personas, los remanentes de las fuerzas responsables huyeron al otro lado de la frontera hacia lo que entonces era Zaire. Su presencia llevó a Ruanda a sucesivas intervenciones militares y dio lugar a docenas de movimientos armados que han operado en el este del Congo desde entonces.
Entre ellos se encuentra el M23, un grupo rebelde que capturó territorio significativo en el este del Congo a principios de este año, incluida la ciudad estratégica de Goma. Expertos de la ONU y gobiernos occidentales han concluido que Ruanda brinda apoyo al M23. Kigali lo ha negado sistemáticamente.
El costo humano es abrumador y difuso. La demanda del Congo cita masacres, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado y discriminación. Las cifras son difíciles de precisar porque el conflicto ha durado tanto tiempo y el área es tan extensa, pero millones de personas han sido desplazadas y cientos de miles han muerto en tres décadas. El este del Congo es una de las regiones más ricas en minerales del planeta: coltán, oro, estaño y otros recursos que alimentan tanto a la industria electrónica global como a los grupos armados que luchan por ellos.
La estrategia legal esta vez es diferente. Los casos anteriores del Congo fracasaron por motivos de jurisdicción porque Ruanda no había ratificado los tratados citados o había presentado reservas que excluían la autoridad de la Corte. La nueva demanda se basa en múltiples convenciones internacionales que ambos países han firmado sin las mismas reservas. El ministro de Justicia del Congo, Guillaume Andali, dijo que el gobierno busca responsabilizar a Ruanda por «violaciones del derecho internacional, incluyendo las obligaciones de prevenir el genocidio, combatir la discriminación étnica y defender los derechos humanos».
Kinshasa pide a la CIJ que ordene a Ruanda detener las presuntas violaciones y que otorgue reparaciones tanto al Estado congoleño como a las víctimas individuales.
Pero aquí está el problema, y es el mismo problema que la CIJ siempre ha tenido. La Corte puede emitir fallos. No puede ejecutarlos. Sus decisiones son jurídicamente vinculantes según el derecho internacional, pero la Corte no tiene ejército, ni fuerza policial, ni mecanismo para obligar al cumplimiento. Estados han ignorado fallos de la CIJ antes, más notablemente en el caso de Nicaragua de 1986, cuando Estados Unidos simplemente se negó a aceptar la jurisdicción de la Corte después de perder.
Incluso si la CIJ acepta la jurisdicción y falla a favor del Congo, Ruanda podría ignorar el fallo con impunidad. La única presión es política. Un fallo aumentaría la presión diplomática sobre Kigali y podría ser utilizado por otros Estados y organizaciones internacionales para justificar sanciones u otras medidas. Pero eso está muy lejos de terminar una guerra.
El cronograma es otro obstáculo. Los casos de la CIJ toman años. La Corte primero escuchará las objeciones preliminares sobre la jurisdicción, luego pasará al fondo del asunto y luego considerará las reparaciones. El conflicto en el este del Congo ha durado tres décadas. Un fallo en 2030, si es que llega, no detendrá los combates hoy.
Analistas dicen que el caso podría intensificar las tensiones diplomáticas entre los dos países a corto plazo. Ruanda aún no ha emitido una respuesta oficial. Pero la demanda también atrae mayor atención internacional a un conflicto que en gran medida ha desaparecido de los titulares mundiales, desplazado por la guerra en Irán, la guerra en Ucrania y la crisis en el Medio Oriente.
El caso de la CIJ es una herramienta legal, no una solución. Añade una dimensión judicial a un conflicto que ya ha sido abordado mediante acuerdos de paz, operaciones militares y diplomacia regional, todos con éxito limitado. La Corte puede adjudicar. No puede ocupar territorio, desarmar milicias ni proteger civiles. La guerra en el este del Congo terminará cuando existan las condiciones políticas para la paz, no cuando los jueces en La Haya terminen de leer sus opiniones.
Eso no es un argumento en contra del caso. La responsabilidad legal importa. Pero es un argumento para ser honestos sobre lo que los tribunales internacionales pueden y no pueden hacer. El tercer intento del Congo de llevar a Ruanda ante la CIJ puede producir un fallo. Que ese fallo produzca paz es una cuestión completamente diferente.
Traducido por Alessandra