China tiene un problema de comunicación. Por un lado, el presidente Xi Jinping asegura personalmente a los líderes mundiales que el país está abierto a los negocios. Por el otro, Pekín sigue aprobando leyes que hacen que las empresas extranjeras se pregunten si son bienvenidas en absoluto.
La contradicción se está volviendo cada vez más difícil de ignorar. Xi le dijo al primer ministro irlandés Micheal Martin en enero que China «promovería un desarrollo de alta calidad y expandiría una apertura de alto nivel». Hizo una propuesta similar al primer ministro británico saliente Keir Starmer. La línea oficial es consistente: el capital extranjero es necesario, valorado y protegido.
La realidad sobre el terreno cuenta una historia diferente. La inversión extranjera directa en China cayó un 27,1 por ciento interanual en 2024, la caída más pronunciada registrada desde 2008. La tendencia ha continuado en 2025 y 2026. Y Pekín ha respondido no relajando su control, sino endureciéndolo aún más.
Dos decretos del Consejo de Estado publicados a principios de este año, numerados 834 y 835, son la última razón para la cautela. Las regulaciones se presentan como medidas para contrarrestar el efecto de las sanciones extranjeras. En la práctica, restringen el intercambio de datos de la cadena de suministro y castigan a las empresas que dejan de trabajar con proveedores chinos, bajo el argumento de que tales rupturas podrían dañar cadenas de suministro enteras.
La disposición más escalofriante es la invocación de responsabilidad penal para los ejecutivos de empresas que violen las medidas de cumplimiento y control establecidas en los decretos. Para un ejecutivo extranjero con sede en Shanghái o Pekín, esto no es un riesgo abstracto. Significa que una decisión comercial tomada en una sala de juntas en Londres o Nueva York podría llevar a una persona a una prisión china.
Estos decretos se suman a una arquitectura legal existente que ya da a las empresas extranjeras razones para dudar. La Ley de Inteligencia Nacional de China, aprobada en 2017, exige que todas las organizaciones e individuos cooperen con los servicios de inteligencia del país. La Ley de Inversión Extranjera de 2020 trajo cierta claridad, pero también sometió a las empresas extranjeras a un régimen de selección que sigue siendo opaco en su aplicación. Las leyes de seguridad de datos y protección de información personal que siguieron agregaron capas de carga de cumplimiento que las empresas más pequeñas luchan por cumplir.
La brecha entre las palabras de Pekín y sus acciones es ahora lo suficientemente amplia como para estar remodelando la estrategia corporativa. Las multinacionales que alguna vez trataron a China como un mercado imprescindible se preguntan cada vez más una pregunta diferente: ¿podemos permitirnos el riesgo? La respuesta, para un número creciente de empresas, es que no pueden.
Algunas empresas están reduciendo silenciosamente su exposición, trasladando las cadenas de suministro a Vietnam, India o México. Otras mantienen su presencia en China pero congelan nuevas inversiones. Muy pocas se retiran públicamente, porque el acto de irse conlleva sus propios riesgos bajo la ley china. Pero la dirección del movimiento es clara.
Las cifras oficiales de IED de China no capturan completamente el cambio porque contabilizan el capital que ya está comprometido. Los indicadores adelantados están en los planes que se cancelan y los proyectos que nunca se inician. Bonnie Girard, de The Diplomat, escribiendo sobre este tema, señala que el mensaje oficial de China sobre la inversión extranjera «no coincide con los desarrollos reales sobre el terreno».
La ironía es que China necesita inversión extranjera más de lo que admite. El sector inmobiliario está en una depresión prolongada. El consumo interno no se ha recuperado lo suficiente como para reemplazar el motor de crecimiento que alguna vez proporcionaron las exportaciones y el gasto en infraestructura. La actualización tecnológica, especialmente en semiconductores e IA, depende del acceso a mercados globales y capital que las empresas chinas no pueden reemplazar por completo.
Pero en lugar de abordar las preocupaciones estructurales que plantean los inversores extranjeros, Pekín ha reforzado las herramientas legales y regulatorias que los ahuyentan. El resultado es una herida autoinfligida: un país que necesita capital pero sigue aprobando leyes que lo repelen.
Traducido por Alessandra