El 26 de junio, el Ministerio de Defensa ruso anunció que había derribado 660 drones ucranianos en 12 regiones y en la Crimea ocupada, en lo que parecía ser una de las mayores operaciones aéreas ucranianas de la guerra. En medio del espectáculo de escombros en llamas y las afirmaciones de Moscú de intercepción total, los funcionarios rusos agregaron algo más: una negativa categórica de que Moscú hubiera solicitado o recibido asistencia militar de Bielorrusia.
Créanlo si pueden.
Apenas unas horas antes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy había confirmado que se había neutralizado el equipo de amplificación de señales de los drones rusos que operaban desde territorio bielorruso. Figuras de la oposición bielorrusa en el exilio habían entregado días antes a Kyiv una lista de señales de advertencia que apuntaban a la inminente entrada de Minsk en la guerra. Fuentes de inteligencia de múltiples naciones habían informado de que Rusia, con problemas de escasez de combustible y líneas de suministro estancadas tras más de cuatro años de conflicto desgastante, estaba tanteando discretamente a su aliado del norte en busca de refuerzos.
Pero el Kremlin dice que no. Así que debe ser verdad, ¿verdad?
Esta no es una cuestión de si los funcionarios rusos mienten sobre un incidente específico. Es una cuestión de credibilidad institucional que ha sido puesta a prueba, y ha fracasado, tantas veces que dar a Moscú el beneficio de la duda se ha convertido en una responsabilidad intelectual.
El paralelo más instructivo está a la vista, a menos de cinco años de distancia. En las semanas previas al 24 de febrero de 2022, mientras el mundo observaba imágenes satelitales de una concentración sin precedentes de tropas, tanques, artillería y activos navales rusos rodeando Ucrania por tres flancos, los funcionarios del Kremlin emitieron una serie de negativas tan enfáticas que rayaban en lo teatral. El portavoz Dmitry Peskov dijo a los periodistas que la idea misma de una invasión era “absurda”. El ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov calificó las advertencias occidentales de “histeria”. El propio presidente Vladimir Putin, junto al presidente francés Emmanuel Macron, descartó la noción de que Rusia se estuviera preparando para la guerra.
Días después, comenzó la invasión.
Esa mentira, esa falsedad plana, inequívoca y documentada, debería haber sido el fin de cualquier pretensión de que las declaraciones oficiales rusas pueden tomarse al pie de la letra. En cambio, el patrón se repitió. Moscú negó usar municiones de racimo y armas termobáricas en Ucrania, y luego las usó. Negó atacar infraestructura civil, y luego redujo Mariúpol a escombros. Negó su participación en el derribo del MH17, y luego un tribunal neerlandés falló en contrario. Negó planear anexar cuatro regiones ucranianas, y luego organizó referéndums falsos y firmó los documentos de anexión. Negación, negación, negación, y luego acción, cada vez.
Ahora el mismo guion se desarrolla en torno a Bielorrusia. Moscú niega buscar ayuda militar, incluso cuando se reporta que territorio bielorruso se utiliza para estaciones de relevo de drones rusos. Niega planear llevar a Minsk al combate directo, incluso cuando se programan ejercicios militares conjuntos y se expande la infraestructura a lo largo de la frontera norte de Ucrania. La negación no es evidencia de inocencia. Es una formalidad procesal, la cobertura verbal bajo la cual se prepara la siguiente fase de escalada.
La misma dinámica se extiende más allá de Ucrania. Funcionarios rusos negaron violar el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio durante años antes de que Estados Unidos se retirara formalmente. Negaron desplegar armas químicas en Siria, y luego la OPAQ documentó ataques con sarín y cloro. Negaron haber envenenado a Alexei Navalny, y luego un consorcio global de laboratorios confirmó la presencia de Novichok. Negaron haber interferido en las elecciones estadounidenses de 2016, y luego el informe Mueller detalló la operación. La pregunta ya no es si Rusia dice la verdad. La pregunta es si alguien sigue escuchando.
Esto no es cuestión de partidismo ni de sesgo antirruso. Se trata de un comportamiento observable y repetido por parte de un gobierno que trata las declaraciones oficiales como instrumentos tácticos en lugar de representaciones honestas de sus intenciones. Cuando el Kremlin dice que no ha solicitado la ayuda militar de Bielorrusia, la respuesta racional no es la aceptación. Es la vigilancia. Prepararse para la posibilidad de que tropas bielorrusas aparezcan en el frente norte. Observar señales de aeronaves rusas operando desde aeródromos bielorrusos. No esperar una segunda confesión que quizás nunca llegue.
El costo de tomar las palabras rusas al pie de la letra no es solo la vergüenza. Son vidas. En 2022, las agencias de inteligencia occidentales advirtieron repetidamente que una invasión era inminente. Algunas capitales europeas dudaron, sin querer creer lo peor. Esa duda le costó a Ucrania tiempo, territorio y sangre. El mismo patrón no debe repetirse con Bielorrusia. Cuando Kyiv dice que Rusia está atrayendo a Bielorrusia a la guerra, crean a Kyiv. Cuando Minsk y Moscú dicen lo contrario, exijan evidencia. Exijan pruebas. Exijan la transparencia que un gobierno confiable proporcionaría sin que se la pidan.
El Kremlin se ha ganado el escepticismo que ahora recibe. No se ha ganado la confianza que sigue pidiendo. Hasta que Rusia demuestre un historial consistente y verificable de honestidad, no durante una semana o un mes, sino durante años, sus declaraciones oficiales deben ser tratadas como lo que son: comunicaciones tácticas diseñadas para moldear el campo de batalla, no para informar al público.
Los drones cayeron del cielo sobre 12 regiones rusas el 26 de junio. Pero el arma más peligrosa lanzada esa noche pudo haber sido la negativa que siguió. Las palabras son baratas en Moscú. La verdad, como siempre, se paga en otra parte.