Una jueza federal en Florida sancionó a dos abogados de Donald Trump y desmanteló el acuerdo legal que permitió al presidente evadir investigaciones fiscales mientras creaba un fondo de $1.800 millones para sus aliados políticos.
“Esta acción nunca tuvo que ver con una parte que buscara la resolución judicial de un asunto legal o una disputa fáctica”, escribió la jueza de distrito Kathleen Williams en una orden mordaz presentada el lunes. Los abogados de Trump, dijo, conspiraron para “obtener el aval de legitimidad judicial para un ‘acuerdo’ que no tenía base viable en la ley ni en los hechos”.
El caso comenzó cuando Trump demandó a su propia administración, específicamente al IRS, por $10.000 millones, alegando que la agencia había sido “armamentizada” en su contra. Sus abogados personales se enfrentaron a su propio Departamento de Justicia en un espectáculo extraño de un presidente demandando a su propio gobierno.
Bajo el acuerdo que siguió, el IRS aceptó abandonar todas las investigaciones fiscales contra Trump, su familia y sus empresas. El acuerdo también creó el “Fondo Antiarmamentista”, un fondo de compensación de $1.776 millones destinado a pagar a presuntas víctimas de excesos gubernamentales, incluidos acusados del 6 de enero y aliados cercanos de Trump.
La jueza Williams no se dejó engañar. Dijo que el fondo parecía más un esfuerzo de “marketing” que un “cálculo deliberado y reflexivo de daños”. Toda la demanda, concluyó, fue presentada “con un propósito impropio”.
Derivó al abogado de Trump, Alejandro Britto, al Colegio de Abogados de Florida para posible acción disciplinaria. Otro abogado, Daniel Z. Epstein, tiene prohibido participar en casos en el distrito durante al menos un año.
El acuerdo se desmoronó después de que 35 exjueces federales instaran a Williams a abrir el caso. “La corte fue engañada”, escribieron, argumentando que Trump y el IRS esencialmente habían lavado un acuerdo a través de la credibilidad del tribunal.
Después de que Trump retirara su demanda, el Departamento de Justicia emitió un memorando que otorga al presidente inmunidad contra investigaciones fiscales, un arreglo que los críticos consideran equivalente a que un presidente se compre cobertura legal manipulando los tribunales.
La orden de Williams probablemente no sea la última palabra. La jueza sancionó a dos abogados que consiguieron un acuerdo que los críticos han descrito como un presidente utilizando los tribunales para protegerse de investigaciones fiscales mientras dirigía dinero de los contribuyentes a aliados políticos.
Traducido por Alessandra